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Lunes 13 de febrero de 2012, por Culturas y Desarrollo en Centroamérica

Trabajar con fondos públicos: dilemas y retos de organizaciones mexicanas

Notas sobre las OSC mexicanas

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Por Luis Samandú Consultor CUDECA-ECOS

En el marco de la actualización de estudios de CUDECA sobre sostenibilidad que estamos realizando, se mantuvo contacto con organizaciones mexicanas, en relación con nuevas modalidades de gestión de recursos en ese país, el trabajo con fondos del estado y las perspectivas de trabajo con las fundaciones empresariales. Todos ellos temas de interés para organizaciones sociales centroamericanas. Esta primera y breve nota aborda el tema de las relaciones entre organizaciones y fondos públicos.

Las organizaciones sociales mexicanas desde hace años han desarrollado experiencias en el acceso a los fondos públicos para financiar parte de sus actividades programáticas. Se trata de una experiencia diversa, valorada de manera despareja por parte de las organizaciones sociales.

Cambios en el contexto del financiamiento

Un señalamiento es la modificación ocurrida en el contexto para el financiamiento. Se anota la generación de muchas ONG nuevas, en búsqueda de captar recursos públicos, las que por lo general no aportan a procesos de cambios, ejecutan sus proyectos y se retiran a otros escenarios / temas en los cuales pueden concursar por recursos públicos.

Por otra parte, los gobiernos estatales han creado Agencias de Desarrollo Local, con el fin de canalizar fondos públicos hacia proyectos municipales. Estas Agencias trabajan bajos criterios políticos, lo que encierra un virtual filtro para el acceso de organizaciones que no compartan el color político del gobierno. Se ha señalado que en algunos estados coordinan con estas Agencias, entidades de la cooperación multilateral que participan como ejecutores de proyectos.

En el laberinto de los fondos públicos han aparecido también «Gestorías de proyectos», estas son por lo general despachos de abogados que «tramitan» proyectos en instituciones públicas. Tienen los contactos que apalancan el acceso a los recursos públicos, cobrando una respetable «mordida» por sus trámites.

Estos factores constituyen un nuevo escenario para las organizaciones, con los que tienen que vérselas para competir en el sistema de asignación de fondos. Son condiciones muy diferentes a las establecidas con el donante tradicional con el que hay una relación de «contraparte».

Participación en convocatorias: una fortaleza

Las organizaciones han tenido que desarrollar capacidades para participar en concursos. Lejos del apacible procedimiento de la presentación de proyectos de forma periódica a donantes conocidos, las convocatorias implican una cierta competencia entre organizaciones. A veces en condiciones bastantes desleales, pues las organizaciones ganadoras tenían de antemano asegurada su elección. Para las organizaciones, la participación en concursos ha para la que han tenido que mejorar la presentación de sus proyectos y la preparación de sus presupuestos. Además deben pasar por un procedimiento de registro para poder concursas por fondos públicos, obtener su Clave Única de Inscripción (CLUNI) indicadora de que cumplen con los requisitos de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. Son alrededor de 18.000 las organizaciones sin fines de lucro registradas (cifra que ampara una gran diversidad en la que predominan instituciones educativas y de salud). Estos aprendizajes los consideran las organizaciones consultadas como una fortaleza, pues han debido entrar a un mundo desconocido hasta el momento para ellas, pero con el cual hay que contar hacia el futuro, en un contexto en el que el retiro de la cooperación internacional suena como definitivo.

Los beneficios

En la medida en que las organizaciones pueden empalmar sus prioridades programáticas con temas de licitaciones, se considera un beneficio. Por ejemplo, el Centro Antonio Montesinos (CAM), tiene una línea de trabajo relacionado con la Trata de Personas y está reconocido para licitar como entidad académica ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Necesitan mantener una línea de investigaciones anualmente, para mantenerse registradas. A través de este mecanismo ha podido realizar destacadas investigaciones en el tema y publicar sus resultados. El Grupo de Educación Popular con Mujeres (GEM), por su parte, trabaja desde hace cinco años con diversas entidades gubernamentales, sobre todo con el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), con el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal y con la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas. Todos estos son aportes que amplían su capacidad programática.

Las limitaciones

La crítica más escuchada es la pérdida de autonomía de las organizaciones, cuando se comienza a ejecutar recursos según prioridades lógicamente establecidas por el Estado. En una de las organizaciones entrevistadas, se manifestó que se sentían como los «talacheros» del Estado, es decir, aquellos que están resolviendo los cabos sueltos que no asume la autoridad pública. Sin embargo el problema de la autonomía no influye de forma absoluta, organizaciones como las que recién señalábamos han podido aprovechar los recursos para abonar a su causa. Indudablemente que estamos ante un reto para las organizaciones que exigirá tiempo de ensayos y acomodos, tanto para organizaciones como para instancias estatales, pero que será necesario pues para que el trabajo con recursos públicos será una de las rutas con las que deberán contar las organizaciones sociales en el futuro.

La duración y continuidad de los apoyos es otro problema. En general son financiamientos de un año o menos, que no seguramente se repiten en un próximo período de licitación. Cambios en las prioridades del gobierno pueden llevar a que no se repita un apoyo. También si el trabajo de una organización no se considera dentro de lo políticamente correcto, aunque presente buenas propuestas se han dado casos en que no se renueva el apoyo. Este estilo de parte del Estado dificulta que se puedan llevar procesos adelante.

La experiencia de las organizaciones mexicanas en relación con los recursos públicos, apenas reseñada en estas notas, contienen aprendizajes a extraer por parte de organizaciones sociales centroamericanas, en el marco de una modificación bastante sustancial en las modalidades de gestión de recursos que se están produciendo en la región.